Los prestadores de servicios en discapacidad de la región han manifestado su preocupación ante el desfinanciamiento estatal que enfrentan desde principios de 2025. Según denunciaron, durante los primeros meses del año no recibieron ningún aumento en los fondos, lo que ha provocado una disminución del 45% en sus recursos en comparación con la inflación acumulada, y además cobran entre 60 y 90 días después de prestar el servicio, dificultando aún más la sostenibilidad de sus actividades.

En diálogo con profesionales de la zona, se reveló que en la localidad de S.M. Laspiur están facturando en mayo con aranceles correspondientes a 2024, ya que el último aumento que recibieron fue en octubre del año pasado, y estan facturando con lo de diciembre que ya esta pactádo. Por su parte, una profesional de Las Varillas comentó que, además de la falta de aumentos, están enfrentando retrasos en los pagos que superan los tres meses. Algunas facturas del año anterior aún permanecen pendientes, lo que agrava la situación económica de los prestadores y pone en riesgo la continuidad de los servicios.

Ambas profesionales coincidieron en que, en caso de que decidan dejar de brindar atención para exigir un cambio en el nomenclador o una mejora en los pagos, podrían movilizarse y realizar paros