Será mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y regirá hasta el 31 de diciembre de 2024. Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, «resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios», dice el texto en sus considerandos.