La Justicia de Córdoba avanzó de manera determinante contra la malversación de fondos y en favor del orden institucional al imputar al secretario de Desarrollo Urbano municipal, Diego Peralta. El fiscal de Casos Complejos, Enrique Gavier, encuadró al funcionario bajo la figura penal de partícipe necesario en el delito de defraudación por administración infiel.

La resolución alcanza a 8 imputados en total y dispuso la intervención judicial inmediata de la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción. Las medidas cautelares obligan a 3 integrantes del directorio acusados como coautores a abstenerse de ejercer sus cargos mientras se ejecuta una auditoría contable e integral.
«Las imputaciones fueron dispuestas sobre la base de los elementos de prueba reunidos hasta el momento», señalaron desde la fiscalía al confirmar la intervención del organismo.
Freno institucional y auditoría financiera

Este escándalo previsional se profundizó luego de que la Justicia paralizara por 60 días el recambio de la conducción, una medida vigente desde el 1 de mayo para resguardar las pruebas físicas y digitales. El proceso se inició por la denuncia del actual presidente de la entidad, Jorge Santecchia, quien aportó la documentación que derivó en los recientes allanamientos a las sedes institucionales.

La crisis evidencia cómo el manejo opaco de los fondos previsionales obligatorios afecta directamente la propiedad de los aportantes independientes. Mientras el sector privado genera riqueza bajo estrictas normas de eficiencia, el atraso burocrático de estas estructuras corporativas dilapida los recursos de los profesionales que sostienen el sistema.

La defensa del funcionario de la Municipalidad de Córdoba argumentó que la acusación responde a un error derivado de su antigua gestión en el Colegio de Arquitectos y no a sus tareas públicas actuales. El avance de la auditoría del Poder Judicial será clave para garantizar la seguridad jurídica indispensable que demandan los inversores y contribuyentes de la provincia.