El lanzamiento del programa Empleo +26, impulsado por el Gobierno de Córdoba para facilitar la inserción laboral de personas desempleadas mayores de 26 años, despertó expectativas entre quienes buscan una oportunidad de trabajo. Sin embargo, en la práctica, algunos empresarios de la región aseguran que el acceso al programa presenta dificultades que terminan desalentando tanto a postulantes como a empleadores.

Según señalaron empresarios consultados por este medio, una de las principales complicaciones radica en que, aunque numerosas firmas adhieren formalmente a la iniciativa, en muchos casos no cuentan con vacantes disponibles. Esto obliga a cada interesado a recorrer empresas por cuenta propia en busca de un lugar que acepte incorporarlo dentro del esquema del programa.

“Muchas empresas firman la adhesión, pero después es el postulante quien tiene que salir a golpear puertas para encontrar quién lo tome”, comentó uno de los empresarios consultados.
A esta situación se suma otro factor que genera resistencia entre algunos empleadores: las experiencias negativas registradas en programas similares implementados en años anteriores. Varios referentes del sector privado señalaron que decidieron no volver a participar debido a problemas vinculados al cumplimiento de horarios, el compromiso laboral y la permanencia de algunos beneficiarios una vez que comienzan a percibir el aporte económico estatal.

“Hubo casos donde las personas abandonaban rápidamente o no mostraban interés por sostener el trabajo. Eso hizo que muchas empresas perdieran confianza en este tipo de programas”, expresó otro empresario.
No obstante, también existen firmas que continúan apostando a estas iniciativas y destacan que, cuando se logra una buena combinación entre empleador y trabajador, los resultados pueden ser positivos tanto para las empresas como para quienes buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Mientras el programa busca ampliar las oportunidades de empleo y capacitación, las opiniones recogidas reflejan un debate abierto sobre su funcionamiento real y sobre quién debe asumir la responsabilidad de garantizar que la experiencia sea beneficiosa para todas las partes involucradas.

La discusión ya está planteada: ¿el problema está en el diseño del programa, en la falta de vacantes genuinas o en el compromiso de algunos participantes? Una pregunta que divide opiniones y que vuelve a poner sobre la mesa la efectividad de las políticas públicas de empleo.