ESCÁNDALO EN CÓRDOBA. El caso Agostina Vega desnuda el descontrol municipal: punteros, antecedentes penales y un asesino en las filas del Estado

El brutal asesinato de Agostina Vega no solo genera dolor, sino una profunda indignación popular que apunta directamente al Palacio 6 de Julio. La detención de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen, destapó una olla a presión que la Municipalidad de Córdoba intentó tapar a las apuradas: el presunto femicida era empleado municipal, ingresó a dedo por un acuerdo político, tenía antecedentes de terror y estuvo a un paso de quedar efectivo en la planta permanente.

La reacción oficial fue el manual de la impunidad: un despido relámpago  por la gestión de Daniel Passerini para intentar contener el impacto social. Pero el daño ya está hecho y la pregunta que resuena en las calles de Córdoba es inevitable: ¿A quiénes les estamos pagando el sueldo con nuestros impuestos?

De «becario» recomendado a capacitador de tránsito

La radiografía del ingreso de Barrelier al Estado es el reflejo de un sistema de contratación berreta y clientelar que lleva décadas enquistado.

El ingreso: Entró en enero de 2021 bajo la gestión de Martín Llaryora como «becario» de un programa de asistencia vecinal.

El «padrino»:No hubo concurso público, ni examen de idoneidad. Entró con una fotocopia de DNI y una carta de recomendación. Fuentes municipales admiten off the record que el responsable de su ingreso fue el concejal Ricardo Moreno, líder de las «62 Organizaciones Peronistas», ya que Barrelier formaba parte del sindicato de motoqueros ASIMM. (Dato no menor: el suegro de Moreno, Jorge Sánchez Del Bianco, es hoy el abogado defensor del acusado).

El puesto: A los pocos meses fue trasladado a la Escuela de Tránsito de la avenida Sabattini —la misma que hace semanas fue allanada por la venta de carnets «truchos» a $300.000—. Allí, un hombre hoy acusado de asesinato era el encargado de capacitar a los ciudadanos que tramitaban su licencia por primera vez.

El horror que el Estado «no vio»

En mayo de 2025, la alarma ya había sonado con fuerza. Vecinos denunciaron que una joven logró escapar de la casa de Barrelier semidesnuda, maniatada y pidiendo auxilio a gritos. Por ese gravísimo hecho, el empleado municipal estuvo 20 días preso.

¿Qué hizo la Municipalidad? Nada. Barrelier faltó casi un mes a su puesto de trabajo por estar tras las rejas y ningún superior pareció notarlo, o peor aún, decidieron mirar para otro lado. Siguió cobrando su beca laboral como si nada hubiera pasado.

Incluso, a finales de 2024, cuando la Secretaría de Administración Pública exigió certificados de antecedentes, Barrelier presentó un papel de la Policía de Córdoba que llamativamente decía que «no tenía registros de delitos», a pesar de arrastrar causas en su historial.

A un paso de la planta permanente

El colmo de la desidia estatal se dio en las últimas semanas. Barrelier estaba a punto de cumplir los cinco años de antigüedad requeridos para activar el «artículo 8», el trampolín legal para pasar a ser personal contratado y quedar a un escalón de la estabilidad absoluta de la planta permanente.

Su nombre ya figuraba en las listas de ascensos. El municipio lo echó cuando la soga del escándalo ya les asfixiaba el cuello, argumentando un «cese inmediato del vínculo». Una respuesta tardía que no logra tapar los interrogantes más oscuros.

Las preguntas que Passerini debe responder

Este caso excede la figura de un asesino; habla de un sistema político cómplice y negligente.

¿El único requisito para ser servidor público en Córdoba es tener un «contacto» político o un puntero?

¿Cómo puede ser que el Estado sea incapaz de cruzar bases de datos para saber si sus empleados están presos?

¿Quién controlaba las faltas de un empleado que pasó 20 días tras las rejas por violencia de género y volvió a su puesto como si nada?

¿Cuántos Barrelier más están hoy atendiendo al público en las dependencias municipales bajo el amparo del clientelismo?

La Municipalidad de Córdoba echó al acusado, pero la estructura que lo cobijó, lo financió con plata de los vecinos y lo protegió durante cinco años sigue intacta.